Aluvión de demandas y juzgados colapsados

La vía judicial para cláusulas suelo tomará este mes de septiembre velocidad de crucero para resolver el gran atasco que ha supuesto la litigiosidad por la comercialización de créditos hipotecarios que contienen condiciones declaradas opacas o abusivas por los tribunales.

El Consejo General del Poder Judicial estima que al ritmo actual de llegada de demandas a los juzgados, será necesario disponer de medios para atender cerca de 200.000 casos anuales. La cifra podría ser revisada cuando en los próximos días el órgano se coordine con el Ministerio de Justicia y los Gobiernos autonómicos para actualizar datos y atender las demandas de juzgados que ya reclaman más medios.

El Gobierno inició el pasado 1 de junio el desdoblamiento de tribunales ordinarios para especializarlos en litigios hipotecarios y evitar que la administración colapsase. Tan sólo en el primer mes, los juzgados recibieron 15.801 demandas relacionadas con las condiciones de los contratos hipotecarios con Madrid, Barcelona y Valencia como mayores destinatarios. Desde entonces, el volumen de expedientes ha crecido hasta el punto de que en Madrid se han multiplicado casi por tres, pasando de las 2.800 demandas de junio a 8.100 a comienzos de septiembre.

Madrid ha destinado dos jueces a tiempo completo y uno parcialmente a resolver casos y estos días acelera su actividad. Ayer celebró dos vistas y comunicó su primera sentencia, donde desestimó una demanda contra BBVA. Ya a lo largo de septiembre espera celebrar 159 vistas, que ascenderán a 512 en octubre y 1.108 en noviembre.

“El Juzgado puede hundirse en semanas”

En el resto de territorios las sentencias también comienzan a publicarse mayoritariamente a favor de los usuarios mientras llegan más demandas. Valencia, donde se comenzó con un juez en prácticas, un letrado de la administración de Justicia y cinco funcionarios la avalancha de demandas ha superado las expectativas fijadas por el CGPJ, que había establecido un tope de 900 como carga de trabajo para el juzgado. En julio ya se acumulaban 1.200 y el juez decano pidió el refuerzo de otro juez y más funcionarios que llegarán a fin de este mes. «Hay que estar muy atento a los números de entrada (de demandas) para ir solicitando los jueces, funcionarios y otros medios que se precisen progresivamente ya que el Juzgado puede hundirse en cuestión de semanas», advirtió.

La vía judicial es la única que hasta ahora ofrece datos formales y actualizados acerca de la evolución de uno de los casos que, junto a la venta de preferentes o la salida a Bolsa de Bankia, más ha perjudicado la relación entre las entidades financieras y sus clientes.

El Banco de España, supervisor de las entidades para este tipo de prácticas, cifró el año pasado en 4.200 millones de euros el impacto que tendría sobre los bancos la decisión del Tribunal de Justicia Europeo de declarar -por encima del criterio del Tribunal Supremo- la retroactividad de las reclamaciones más allá de 2011. El propio supervisor, en su Memoria de Reclamaciones de 2016 señala que aunque la mayoría de los clientes tienen razón al reclamar, las entidades sólo daban la razón una de cada tres veces.

Avalancha de demandas

Un mes después de la sentencia del TJUE el pasado 21 de diciembre y ante la previsible avalancha de demandas contra los bancos, el Gobierno lanzó un sistema de arbitraje que descargara a los ya saturados tribunales de carga de trabajo. El sistema proponía abrir un paréntesis de cuatro meses para que entidades y clientes se entendieran bajo una serie de compromisos como interrumpir las acciones legales o incentivar el allanamiento de las entidades al limitar las condenas en costas.

Ocho meses después no hay datos sobre lo efectiva que ha sido esta vía. A finales de mayo, sólo unos días antes de que Justicia iniciara el despliegue de juzgados auxiliares, el Gobierno creó la comisión de seguimiento de la devolución extrajudicial de las cláusulas suelo declaradas ilegales. La comisión -está presidida por el Banco de España e integrada por Economía, Justicia, Sanidad y representantes de la abogacía, los consumidores y la Asociación Hipotecaria- sólo ofrecerá información semestralmente, es decir, en noviembre: 11 meses después de lanzarse el sistema.

Fuente: elmundo.es

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