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El otro día se quejaba un fiscal en Twitter de las críticas que se estaban vertiendo en ciertos ámbitos periodísticos a la actuación de la Fiscalía en el juicio del procés. Decía que la gente había visto pocos juicios y que el verdadero trabajo de la Fiscalía empieza cuando finaliza el interrogatorio de los acusados. No puedo estar más de acuerdo: el juicio del procés está siendo vivido por la sociedad como si fuera un gran espectáculo de masas, expectantes de grandes discursos, oratoria sin límites y airados interrogatorios. Quizá la influencia de las series americanas sobre juicios confunda a los legos, que esperan un fiscal aguerrido que arrincone al acusado con preguntas hirientes mientras le señala con el dedo y mira al público, al estilo de The Good Wife. La Justicia en España es otra cosa y esta idea, al menos, quedará clara en la conciencia colectiva.

De hecho, considero que de este juicio saldremos más maduros como sociedad. El juicio más importante en la historia reciente de España nos enseñará varias cosas. La primera, que la Justicia es la última ratio y sólo debe actuar donde los demás poderes públicos fallen. El juicio del procés no arreglará la brecha social, no curará la herida, no convencerá a nadie. Solo resolverá la controversia penal. Punto. Es al Poder Ejecutivo y a la sociedad a los que les corresponde resolver lo que está pasando en Cataluña.

Este juicio puede servir para mejorar la cultura jurídica de la sociedad, que dice no confiar en la Justicia, pero a la que acude con fe ciega para solventar sus cuitas

La segunda enseñanza es que Justicia y venganza son dos cosas distintas. Justicia no es que te den la razón sino, como decía Ulpiano, “dar a cada uno lo suyo”: que un juez o tribunal aplique la ley a los hechos declarados probados. No aplicará esa ley que le gustaría a cada ciudadano en concreto en el sofá de su casa, sino la vigente, esa ley que el Poder Legislativo –al que votamos todos cada cuatro años, al menos eso sucedía hasta hace poco– crea, regula e impone a los ciudadanos. Afortunadamente, los jueces de la Sala Segunda del TS y los que imparten a diario justicia en cada partido judicial de España están sometidos únicamente al imperio de la Ley.

El juicio del procés también nos enseñará que el Poder Judicial se ha convertido en la tabla de salvación del Estado. Por mucha presión que tengan los jueces, por muy mediático que sea el juicio, por mucho ruido exterior que haya, la Sala Segunda decidirá lo que es justo, que no es otra cosa que resolver conforme a Derecho. No sólo porque los jueces y magistrados de España, tal y como dice el artículo 117 de la Constitución Española (CE), son independientes, inamovibles y sometidos únicamente al imperio de la Ley, sino también porque son jueces y magistrados europeos y, como poder público, sometidos a los convenios internacionales de los que España es parte. El juicio del procés es la evidencia de que el Poder Judicial siempre está ahí, presto a garantizar la legalidad y a proteger los derechos de todos.

La desolación del “día después”

Como decía al inicio, si en algo más puede ser útil este juicio es en mejorar la cultura jurídica de esta sociedad, que dice no confiar en la Justicia, pero que acude a los tribunales con fe ciega para solventar sus cuitas y sigue con interés el desarrollo del pleito. Este juicio sirve para acercar la Justicia al ciudadano, hacer comprender qué son las “generales de la ley”, explicar la función del fiscal, del abogado del Estado y de la acusación popular. Lamentablemente, también servirá para constatar la desolación que, el día después de la sentencia, sea en el sentido que sea, se apoderará de la gente de bien al tomar conciencia de que la sentencia no arreglará nada, que el problema es otro y que no corresponde a los jueces arreglarlo. Que nos vemos donde nos vemos por culpa de pactos de gobernabilidad, egos personales y manipulación de unos y otros.

La actuación del tribunal presidido por Manuel Marchena está siendo ejemplar. Critican la condescendencia del presidente con los acusados, si bien, como jurista, no puedo más que aplaudir esa decisión. El valor probatorio de los interrogatorios de los acusados únicamente despliega todos sus efectos cuando se reconocen hechos que les perjudican. Lógicamente, cualquier acusado tratará de exponer la versión de los hechos que le sea más beneficiosa. No olvidemos que en España la Constitución permite mentir a los procesados. Por tanto, poco importa que los acusados hablen y digan cosas que nada aportan ni a su defensa ni a su inculpación. Al fin y al cabo, el interrogatorio es un elemento probatorio más que, en el caso de resultar incriminatorio, debe estar sustentado en otras pruebas, tal y como reitera la jurisprudencia. Sin embargo, coartar la deposición de los acusados sí acarrea el riesgo de ser calificado como vulneración del derecho a la defensa.

Es ahora, tras el interrogatorio de los acusados y la exhibición de oratoria sin límites, cuando la Fiscalía debe desplegar toda su actividad acusatoria

La Fiscalía –dicen– está siendo “floja”, no presiona a los acusados. Un juicio retransmitido en streaming para todo el mundo produce interrogatorios artificiales, en los que la falta de naturalidad y la preparación de las declaraciones son evidentes. Pero, además, hay muchos tipos de fiscales y de formas de interrogar y no por ello se influye así en el resultado del juicio. ¿De qué sirve un interrogatorio agresivo? ¿Realmente piensan que el fiscal se basará en esta prueba para acusar? Y, lo más importante, ¿creen que el tribunal será convencido por una Fiscalía más beligerante? Retomo la frase de mi interlocutor tuitero: es ahora cuando la Fiscalía, tras el interrogatorio de los acusados, debe desplegar toda su actividad acusatoria.

Dentro de unos años, los historiadores escribirán sobre esta convulsa época de la historia de España en la que, entre diciembre de 2015 y abril de 2019 (menos de cuatro años) habremos celebrado tres elecciones generales y se habrá producido la mayor crisis institucional conocida de la mano de quienes ahora están siendo juzgados en la Plaza de la Villa de París. Se estudiarán la inestabilidad, los pactos entre partidos, las luchas de poder, pero también la solidez del Poder Judicial que, en momentos en los que el Estado así lo ha necesitado, habrá dado la talla y habrá respondido a lo que de él se espera. No solo en el Tribunal Supremo, sino también en los juzgados de Cataluña, donde jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia y funcionarios acuden a trabajar en un ambiente manifiestamente hostil y, sin embargo, siguen resolviendo los problemas de los ciudadanos. Como la Cenicienta de los Poderes del Estado, trabajando en silencio.

***Natalia Velilla es magistrada y miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.

Fuente: vozpopuli.com