Las cuatro asociaciones de jueces anuncian que interpondrán “de manera inmediata y conjunta” una demanda de conflicto colectivo frente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que fije las cargas de trabajo a efectos de salud laboral.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) han denunciado en una nota que el documento ‘Mapa de Riesgos Judiciales‘, aprobado unilateralmente por el órgano de gobierno de jueces, no cumple con dicha obligación.

El escrito, que consideran “absolutamente insatisfactorio”, establecía un sistema de alertas en relación con 739 órganos judiciales cuyo módulo de entrada superaba, según exponen, el 150 por ciento. Con este se pretendía que se cumpliera de manera formal la regulación de la carga de trabajo, si bien su aprobación contó con la oposición de las cuatro asociaciones.

Tampoco el sistema de alertas cumple con la obligación legal y reglamentaria del CGPJ de regular la carga de trabajo y prevenir los riesgos laborales de la Carrera Judicial, según exponen las asociaciones que precisan que este documento no es más que una “justificación del incumplimiento de una obligación insoslayable de la que son acreedores los miembros de la Carrera Judicial”.

Por ello precisan que, a su entender, existe otra forma de salvaguardar sus derechos profesionales y recuerdan que ya realizaron propuestas conjuntas al órgano de gobierno de jueces para la determinación de la carga laboral, aunque fuera con carácter provisional.

Propuestas, añaden, que el Consejo General del Poder Judicial no acogió aduciendo en un principio que tal regulación no podía realizarse mientras estuviera pendiente los trabajos para fijar un módulo de rendimiento judicial y a efectos de retribución de la productividad.

Fuente: Confilegal.com

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Para la AJFV: “En un enredo insólito las cuatro asociaciones judiciales, que representan más de la mitad de la Carrera Judicial, se han visto obligadas a llevar al juzgado a su órgano de gobierno, denunciando que incumple sus propias reglas. Después de darle todas las oportunidades y todo el tiempo del mundo, intentando evitar la vía judicial, las asociaciones han tenido que usar este último recurso para que se fijen de una vez las cargas de trabajo, tema fundamental y competencia indiscutible del CGPJ. Sería risible si no fuera porque entraña una muy grave distorsión para nuestra maltrecha Administración de Justicia”.