Foto: JUAN PEDRO QUINTANA

Juan Pedro Quintana Carretero, nació en Madrid en 1962, está casado y padre de dos hijas, ninguna de las cuales ha elegido dedicar su vida profesional al mundo del Derecho. Se licenció en derecho por la Universidad Autónoma de Madrid en 1985 e ingresó en la Carrera Judicial por oposición en 1988, siendo su primer destino en los Juzgado de Aranda de Duero. En 1990 ascendió a magistrado y fue destinado al l Juzgado de lo Penal nº 2 de Palma de Mallorca, donde permaneció hasta el año 1996, cuando sintió la llamada del Derecho Administrativo. Tras superar las pruebas de especialización en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo  fue destinado como magistrado especialista a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, donde permaneció hasta mayo de 1999. Entre junio de 1999 y octubre de 2002, ocupó plaza en el Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo nº 5 de la Audiencia Nacional, destino que simultaneó con el desempeño de una comisión de servicios sin relevación de funciones en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional durante dos años. Destinado como magistrado especialista a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia Madrid en 2002, prestó servicios en su Sección Cuarta hasta ser nombrado Magistrado del Gabinete Técnico de Información y Documentación del Tribunal Supremo, Área Contencioso-Administrativa en 2004. En febrero de 2007 fue nombrado Jefe del Gabinete Técnico de Información y Documentación del Tribunal Supremo, Área Contencioso-Administrativa, donde permaneció hasta febrero de 2013. Habiendo obtenido destino como Magistrado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional por concurso, se incorporó a su Sección Primera. En septiembre de 2016 fue nombrado Presidente de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, puesto que desempeña en la actualidad.

Simultanea su función jurisdiccional con actividades formativas, seminarios, congresos y cursos de formación de diversa índole como director, profesor y ponente sobre multitud de temas relacionados con el Derecho Constitucional, el Derecho Administrativo y el Derecho Procesal. Igualmente, ha sido autor de varias publicaciones sobre distintas materias como extranjería, procedimientos tributarios, medidas cautelares, medio ambiente, contratación pública, proceso contencioso-administrativo y responsabilidad patrimonial de los Poderes públicos, entre otras, mostrando un interés especial por la responsabilidad de los jueces y sus derechos fundamentales,  hasta sumar cuarenta y cuatro obras, sin contar artículos y colaboraciones. Participa con frecuencia en actividades formativas con el Colegio de Abogados de Madrid y es profesor del Master de Acceso a la Abogacía de CUNEF. Ha formado parte de diversos Tribunales de Procesos Selectivos de Ingreso y Promoción en la Función Pública y en la Carrera Judicial por el turno de juristas de reconocido prestigio.

Ha sido distinguido con la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort en 2013, a propuesta de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo.

En noviembre de 2003 se implicó activamente en AJFV, a la que pertenece desde 2001. Se presentó a las elecciones al Comité Nacional de Coordinación y formó parte del mismo entre 2005 y 2007. Posteriormente, fue elegido Portavoz Nacional en 2007 y ocupó este cargo hasta la finalización del mandato en 2009.

Pese a tener un perfil técnico de hondo reconocimiento y prestigio profesional en su especialidad, Juan Pedro Quintana es el paradigma del “espíritu vitorino”. Las mejoras profesionales, los cargos que ha desempeñado, los ha ocupado por sobrados méritos, esfuerzo y trabajo. Juan Pedro cree profundamente en el juez profesional, independiente y responsable que actúa con sometimiento exclusivo al imperio de la Ley y al servicio de los ciudadanos. En cualquier oportunidad que ha tenido, ha reivindicado siempre la necesidad de dotar a la Justicia de medios para el correcto desempeño de su función con la dignidad que exige. Es miembro muy activo de AJFV. Acude a todas las Asambleas, donde participa y toma la palabra asiduamente, aportando su punto de vista sensato, templado y acertado. Participa también de las reuniones periódicas de la Sección Territorial e, incluso, organiza actividades asociativas, como el reciente curso de formación impartido en Madrid por AJFV para el “Aula Francisco de Vitoria”, en colaboración con la Asociación de Asesores Fiscales de España, sobre tributos locales.

En el poco tiempo libre que tiene, además de disfrutar de su familia y amigos, intenta mantener algunas aficiones, como su gusto por el cine y la lectura y la práctica de actividades deportivas, como la bicicleta y el esquí. Pero su verdadera afición es viajar, actividad que le apasiona.

PREGUNTA: Juan Pedro, ¿Cómo definirías la AJFV?

Su rasgo fundamental, bajo su carácter profesional, es su neutralidad política, que ha demostrado sobradamente con su actividad bajo Gobiernos de uno y otro signo político. La prueba palpable de tal nota distintiva es la marginación o infrarrepresentación que ha sufrido por parte de los partidos políticos a la hora de conformar el Consejo General del Poder Judicial en sus diversos mandatos, pese a ser la segunda asociación judicial por su implantación en la Carrera Judicial. Como todos sabemos, los políticos dicen de nosotros que “no somos de fiar”, precisamente por nuestra neutralidad política.

Este rasgo y su funcionamiento asambleario han permitido que en la misma tengan cabida diferentes sensibilidades ideológicas y que su voluntad se conforme, realmente, con la contribución de todos y cada uno de sus miembros, quienes de forma directa, libre e igualitaria participan en la toma de decisiones asociativas de toda índole.

Esas son sus mayores grandezas y han permitido orientar su actividad, con rigor y profesionalidad, hacia la reivindicación de medios personales y materiales para el desempeño de la función judicial y la dignidad que entraña y con la calidad que merecen los ciudadanos, destinatarios de nuestro quehacer diario, así como hacia la mejora de las condiciones profesionales de sus asociados.

PREGUNTA: ¿Crees que existe el “espíritu vitorino”? ¿En qué consiste?

Claro que sí. Es un espíritu que se palpa fundamentalmente en sus asambleas anuales, donde brilla el orgullo de servir con independencia, con verdadera independencia, a los ciudadanos y el compromiso de contribuir a mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia con las propuestas consensuadas en esos interminables debates, en los que confluyen diferentes perspectivas de forma libre y espontánea, que de forma casi “mágica” conforman el ideario de la AJFV.

Es un espíritu de perseverancia en la exigencia de respeto y atención por parte del Poder Político a nuestros postulados e iniciativas en pro de la Justicia, con dignidad y sin subordinación alguna; en reivindicar la defensa a ultranza de la independencia judicial, no como privilegio de los jueces, sino como garantía de los ciudadanos; en colocar en el centro del debate asociativo el derecho de los ciudadanos a contar con una Justicia de calidad y denunciar la escasa atención que los Poderes Públicos prestan a la misma; en reclamar un régimen estatutario justo para los integrantes de la Carrera Judicial, adecuado a la relevancia de la función que desempeña y la responsabilidad que entraña; y, en fin, en situar el interés común por encima del particular.

PREGUNTA: ¿Qué recuerdas de tu etapa en el Comité Nacional? ¿Qué experiencia obtuviste en tu condición de Portavoz Nacional?

Desde la distancia que me permite ahora recordar aquellos años, he de decir que fue una experiencia muy satisfactoria, aunque en aquellos momentos sentí la pesada carga de la responsabilidad de intentar ser un digno representante de una asociación judicial tan valiosa.

Aquella etapa se vio marcada por la ausencia de representación de nuestra asociación en el Consejo General del Poder Judicial y la consiguiente necesidad de suplirla con una presencia pública intensa. Recuerdo las interminables reuniones de trabajo, en ocasiones, a horas intempestivas, la planificación de nuestras actividades para ser capaces de comunicar a la sociedad nuestros postulados y reivindicaciones, la preocupación por incrementar nuestra presencia en los medios de comunicación y por asistir a cualquier reunión institucional o foro de debate donde tuviéramos algo que aportar para mejorar la imagen del Poder Judicial, en general, y de nuestra asociación, en particular. Recuerdo los esfuerzos por potenciar la vertebración de la asociación y favorecer la participación de los asociados en la formación de su voluntad, con la realización de trabajos y estudios serios y concienzudos sobre cuestiones de interés general y asociativo. Recuerdo nuestra preocupación por la unidad de acción asociativa, conscientes de su debilidad cuando actuábamos divididos. Recuerdo las reuniones con representantes del Ministerio de Justicia y nuestros primeros trabajos en materia de protección social que tan buenos frutos dieron después. Pero sobre todo recuerdo el entusiasmo y la dedicación con la que quienes en esos años compartíamos responsabilidades en el Comité Nacional nos entregamos a la causa y a los ideales vitorinos.

Sobre todo, recuerdo esas largas reuniones en el Consejo General del Poder Judicial, donde las restantes asociaciones judiciales comparecían explícitamente acompañadas de sus vocales en el órgano de gobierno del Poder Judicial, mientras que la nuestra lo hacía huérfana, y la firme voluntad de encarnar el espíritu y ser la voz del tantos y tantos compañeros que carecían allí, como nosotros, de representación institucional; así como el sentimiento reconfortante de dignidad que todo ello me proporcionaba.

Tuve la gran fortuna de contar en el Comité Nacional con unos compañeros de viaje excepcionales, personal y profesionalmente, a los que siempre estaré agradecido. Intentamos juntos hacer realidad los sueños de nuestra asociación, fieles a sus principios, sin escatimar esfuerzos. Aunque no los alcanzamos, tengo la seguridad de que nos acercamos un poco más a ellos, continuando en parte el camino que otros habían iniciado antes, marcando el que otros también recorrerían después y, tomando el relevo a nuestros actuales representantes, más adelante otros harán.

No fue una tarea fácil, plagada de preocupaciones, en ocasiones frustrante por el enorme esfuerzo que era necesario desplegar para lograr tenues avances hacia la consecución de nuestros objetivos, pero siempre estimulante, a causa del impulso y el aliento recibido de los compañeros y compañeras y, desde luego, gratificante por el orgullo de representar ese noble “espíritu vitorino”. De todo ello ha quedado una imborrable huella en mi corazón y una inmensa gratitud.

PREGUNTA: ¿Cómo ves el asociacionismo judicial en España?

Nunca gozó de buena salud, pero en la actualidad advierto importantes aspectos positivos en su evolución. La falta de unidad de acción siempre ha sido un grave inconveniente para luchar eficazmente por nuestras reivindicaciones profesionales y ahora se percibe mayor sintonía entre las distintas asociaciones judiciales, como muestran las iniciativas comunes para mejorar las condiciones del desempeño de la función judicial, justas y necesarias.

Esta coyuntural unidad de acción está dotando de mayor fuerza al movimiento asociativo y lo deseable sería que se consolidara e, incluso, desembocara en la plena unidad asociativa, asignatura pendiente desde siempre. La existencia de distintas asociaciones judiciales con sensibilidades ideológicas dispares nos ha provocado no pocos problemas cuando hemos denunciado la politización de la Justicia, pues resultaba difícil explicar tal situación ante los Poderes Públicos, sin poder ocultar la apariencia de que no predicábamos con el ejemplo.

En todo caso, dejando a un lado esta cuestión, confío en que la unidad de acción que hemos protagonizado en los últimos tiempos se consolide, ya que fortalece enormemente nuestra posición reivindicativa y nos hace más visibles ante la sociedad. Además, con toda seguridad incentivará el asociacionismo judicial, más necesario que nunca, dada la complejidad que ha adquirido la distribución del poder en la Administración de Justicia entre el Estado y las diferentes Comunidades Autónomas y los retos de modernización a los que nos enfrentamos.

No obstante, hemos de reconocer que el asociacionismo judicial es un fenómeno que ha generado también enormes tensiones y descrédito, especialmente, cuando algunas asociaciones judiciales emplearon su posición de poder para llevar a cabo un reprochable reparto por cuotas de los nombramientos discrecionales. Afortunadamente, tan indeseable práctica parece haber quedado atrás y espero que no regrese jamás, pues en su día llegó a condicionar por completo el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, hasta el punto de deslegitimarlo ante la Carrera Judicial. Sin duda, no todas las asociaciones participaron en tan deleznable práctica, pero de una u otra forma perjudicó, con carácter general, al asociacionismo judicial.

En cualquier caso, debemos perseverar en fomentar el asociacionismo como único cauce eficaz de defensa de nuestros intereses profesionales y útil instrumento para reclamar de los Poderes Públicos la atención que la Administración de Justicia merece.

PREGUNTA: Como Presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM desempeñas una gestión directiva de más de 50 magistrados de este Orden. ¿Qué habilidades tiene que tener un Presidente de órgano colegiado, en tu opinión, para que el tribunal funcione correctamente?

Ya me gustaría saberlo a mí para cultivarme en ellas.

Supongo que resulta imprescindible cierto grado de empatía para comprender y valorar adecuadamente los diferentes problemas que afectan a los miembros de la Sala, y sobre todo mucha mano izquierda.

Verdaderamente, la responsabilidad principal de un Presidente de Sala es garantizar su correcto funcionamiento y para ello resulta imprescindible contar con la activa participación de sus miembros, los Letrados y el personal. Esta implicación solo se logra con autoridad moral y profesional pero esta es una atribución que no viene “de serie” con el cargo y que te has de ganar a pulso. En todo caso, es relevante conocer el parecer de los miembros de la Sala cuando debes adoptar decisiones de cierta trascendencia.

En una Sala tan numerosa, como la que presido, uno de los retos más importantes es asegurar la unidad de criterio. El alto grado de especialización de cada una de sus secciones no conjura totalmente el riesgo de que se pueda incurrir en pronunciamientos contradictorios sobre cuestiones sustancialmente iguales, en cuyo caso es importante detectar tales situaciones y adoptar las medidas oportunas para unificar criterios.

La unificación de criterios no solo redunda en la preservación de los principios de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la Ley, sino que facilita la labor jurisdiccional y contribuye a reducir la carga de trabajo, desalentando la interposición de recursos.

Hay otros retos, entre los que destacaría asegurar un reparto equitativo y racional de la carga de trabajo entre sus diversas Secciones, pues de ello depende también su correcto funcionamiento.

Desde luego, en mi caso cuento con la gran fortuna de estar rodeado de excelentes profesionales y buenos amigos. Sin duda, nunca llueve a gusto de todos y en el ejercicio del cargo has de aceptar que no será posible complacer a todo el mundo, pero ello no puede ni debe impedir asumir la responsabilidad que el cargo entraña y ejercerla con determinación.

En todo caso, un Presidente de Sala, en mi opinión, ha de hacer mucho más, pues debe contribuir a vertebrar el funcionamiento de la Sala y representarla dignamente, potenciar su relación con los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, promover espacios de debate y reflexión entre los magistrados y con otras instituciones relacionadas con la Justicia, más allá del quehacer diario que caracteriza nuestra función, y contribuir a divulgar en la sociedad la relevancia de la función jurisdiccional que desempeña.

PREGUNTA: Cada vez que tienes oportunidad, no dudas en poner de manifiesto las grandes deficiencias con las que se encuentran los jueces y magistrados de España pero, sobre todo, de Madrid, la segunda Comunidad Autónoma con mayor índice de litigiosidad ¿Crees fundamental la creación de nuevos juzgados?

Por supuesto, probablemente no en la jurisdicción contencioso-administrativa, pero si en las restantes.

Afortunadamente, recientes reformas procesales en esta jurisdicción, en particular el nuevo régimen de costas procesales, ha reducido sensiblemente la litigiosidad, lo que ha permitido que mejore sensiblemente la situación de los Juzgados y la Sala al reducirse su carga de trabajo.

Sin embargo, la elevada tasa de litigiosidad  en otras jurisdicciones y la insuficiente creación de plazas judiciales en los últimos años han generado una deficiente planta judicial que es urgente remediar. La sobrecarga de muchos de sus órganos judiciales es grave y tiene efectos desalentadores para quienes la padecen, ante la frustración que genera la imposibilidad de resolver con la celeridad deseable los conflictos que se someten a nuestra consideración, pese a no escatimar esfuerzos para lograrlo, con el consiguiente coste para nuestra vida personal y familiar. Esta indeseable situación impide el correcto desempeño de la función jurisdiccional y supone una seria amenaza para nuestra salud y la ilusión con que nos enfrentamos a tan importante tarea.

PREGUNTA: ¿Qué particularidades tiene el Estado de la Justicia en Madrid, ahora que eres profundo conocedor de esta cuestión como miembro nato de la Sala de Gobierno?

La Justicia madrileña ha padecido durante muchos años, prácticamente desde que la Comunidad de Madrid asumiera las competencias en la materia, un estado de verdadero abandono, caracterizado por la dispersión de sedes judiciales (tan solo la ciudad de Madrid cuenta con 14 sedes), instalaciones deficientes y medios personales y materiales absolutamente insuficientes. Una vez fracasado el faraónico proyecto de la Ciudad de la Justicia, la situación no ha hecho más que agravarse paulatinamente, ante una sorprendente pasividad institucional.

Tan prolongada situación ha desembocado en un lamentable estado de conservación de las infraestructuras, absolutamente inadecuadas para las necesidades de la función jurisdiccional y para brindar a los ciudadanos una atención adecuada.

Recientemente, tuvimos ocasión de celebrar una de las reuniones de la Sala de Gobierno en la localidad de Torrejón de Ardoz y visitar sus numerosas sedes judiciales. Sinceramente, no podía creer que en una de las Comunidades más ricas de España, los miembros de la Carrera Judicial y los funcionarios de Justicia tuvieran de desempeñar sus funciones en instalaciones tan deficitarias y, consiguientemente, que los ciudadanos hubieran de ser atendidos en condiciones tan deplorables. Mi estado de ánimo aquella mañana se debatía entre la indignación y la desolación.

Ciertamente, es justo reconocer que la reciente repercusión pública de diversos incidentes de seguridad en varias de tales instalaciones propiciaron que el Gobierno de la Comunidad de Madrid adoptara una actitud diferente, incrementado la dotación económica destinada a infraestructuras, y comenzara a solventar algunas de sus deficiencias. Sin embargo, aunque es obvio que no es posible contrarrestar la desidia de varios lustros en un corto periodo de tiempo, no basta con tal cambio de actitud y el esfuerzo presupuestario dista mucho de ser el necesario. Por ello, sería conveniente un Pacto por la Justicia entre las fuerzas políticas de la Comunidad que evaluara de forma integral y coordinada las necesidades de la Justicia madrileña y promoviera la adopción de las medidas oportunas para atenderlas, pues la complejidad y relevancia de la cuestión lo requiere.

Como decía, la insuficiente planta judicial es otra nota característica de la Comunidad de Madrid.

En este sentido, la implicación de la Sala de Gobierno y su Presidente en esta cuestión es absoluta, de la que viene dando constantes muestras, denunciando las deficiencias existentes y reclamando su urgente atención.

PREGUNTA: ¿Qué reformas consideras que se podrían emprender para mejorar la administración de Justicia en España?

Reiterando lo ya apuntado, es imprescindible ajustar la planta judicial a las necesidades reales del sistema judicial y para ello es necesario, ante todo, establecer las cargas de trabajo que deben soportar los diferentes órganos judiciales, con el consenso de las asociaciones judiciales.

Pero, probablemente, ello no baste para mejorar sensiblemente el funcionamiento de la Justicia. Sería bueno retomar la idea de implantar los Tribunales de Instancia, mejorando su configuración inicial para evitar los recelos que generó en su momento entre los miembros de la Carrera Judicial. Ello permitiría dotar de mayor eficiencia al sistema judicial y facilitaría la adecuada distribución del trabajo y la unificación de criterios jurídicos, lo que, a la postre, redundaría en una reducción de la litigiosidad.

Por último, es evidente que la demarcación de los actuales partidos judiciales merece una profunda revisión, venciendo la resistencia que desde el poder municipal se ha venido ejerciendo en contra de cualquier cambio al respecto.

PREGUNTA: Tienes la especialización contencioso-administrativa, algo que muy pocos consiguen, ¿Consideras adecuada la forma en la que los jueces y magistrados pueden acceder a la especialización? ¿No crees que, de facto, se está limitando la especialidad a quienes pueden conciliar su vida personal o están en un destino “más fácil”?

En verdad, la sobrecarga de trabajo que se padece en la inmensa mayoría de los órganos judiciales hace casi heroica la preparación de las pruebas selectivas para la especialización contencioso-administrativa, lo que de facto impide su preparación a buen número de compañeros y compañeras.

Se trata de un duro proceso selectivo, que cuenta con un programa de un centenar temas de complejidad nada desdeñable, cuyo conocimiento se ha de demostrar en un examen oral, y cuya dificultad se ha visto incrementada en las tres últimas convocatorias por la incorporación de una prueba práctica, consistente en la elaboración de una sentencia.

Personalmente, estimo que el sistema debería ser sometido a revisión. Aceptada la positiva contribución de la especialización a una Justicia de mayor calidad y su creciente necesidad ante la complejidad de las controversias jurídicas de que conocemos, no parece asumible que año tras año sea menor el número de candidatos a estas pruebas, en las que suelen quedar buena parte de las plazas vacantes, al menos así ha ocurrido en las últimas convocatorias.

Tal circunstancia, por un lado, debería hacernos reflexionar sobre las ventajas profesionales que proporciona superar tales pruebas y si son suficientemente atractivas para compensar el enorme sacrificio personal y familiar que conlleva su preparación. Por otra parte, aconseja algunos cambios en el proceso selectivo, como la reducción del temario y su adaptación a las necesidades formativas reales del desempeño de la jurisdicción, que se podría compensar con la introducción de una fase de formación en la escuela judicial durante un periodo de tiempo suficiente para profundizar en el conocimiento práctico del Derecho Administrativo.

PREGUNTA: ¿Crees que las transferencias de competencias en Justicia a las Comunidades Autónomas han servido para que tengamos una administración de justicia claramente mejorable?

La respuesta será abordada desde dos perspectivas diferentes.

Por un lado, debe reconocerse que algunas Comunidades Autónomas han realizado grandes esfuerzos presupuestarios para dotar a la Administración de Justicia de medios suficientes para procurar su correcto funcionamiento con un resultado satisfactorio, aunque sean las menos. Sin embargo, no es ese el caso de la Comunidad de Madrid, como ya he señalado.

Por otra parte, con carácter general, creo que la transferencia de competencias en materia de Justicia a las Comunidades Autónomas está generando problemas de enorme importancia, especialmente, por lo que respecta a la modernización de su funcionamiento, hasta el punto de suponer un verdadero lastre, como la conocida incompatibilidad de los distintos sistemas de gestión procesal implantados en aquellas y la falta de coordinación en el proceso de modernización de la Justicia.

Sin duda corresponde al Ministerio de Justicia liderar ese proyecto y sería deseable mayor y más activa implicación del Consejo General del Poder Judicial.

PREGUNTA: ¿Qué solución jurídica encuentras al conflicto en Cataluña? ¿Crees posible una mayor autonomía de esa Comunidad Autónoma sin segregarse de España?

La grave ruptura de la convivencia ciudadana en Cataluña, a la que recientemente hemos asistido, gestada tiempo atrás con toda seguridad, constituye un problema que no puede encontrar solución en el plano jurídico. Se trata también de un problema político que requiere atención desde esta otra perspectiva.

Desde luego, desde la perspectiva jurídica, ante la deriva secesionista de las Instituciones Catalanas, resultaba urgente la restauración de la legalidad y el orden constitucional en esa Comunidad Autónoma, y ello solo era posible con las medidas adoptadas por el Gobierno, en aplicación del artículo 155 de nuestra Constitución.

Igualmente, las ilegales conductas de los responsables políticos de las Instituciones Catalanas han de ser objeto de investigación y depuración de las responsabilidades a que hubiere lugar, también en el plano judicial.

No obstante, una vez restaurada la legalidad y celebradas las elecciones catalanas convocadas, seguramente, se abrirá una nueva etapa, que debería estar presidida por el dialogo en el marco de la legalidad. En este nuevo escenario, indudablemente, cabría una reforma constitucional para satisfacer las aspiraciones del pueblo catalán sobre el grado de autonomía de Cataluña. Pero, como decía, esta es una opción política, jurídicamente plausible, cuya elección corresponde a nuestros representantes políticos.

PREGUNTA: ¿Cuál es tu percepción de la situación de la Carrera Judicial en España?

La Carrera Judicial atraviesa una difícil situación, fundamentalmente, por la sobrecarga de trabajo, la inexistencia de estímulos profesionales y retribuciones poco acordes con la dedicación y responsabilidad que entraña el ejercicio de la jurisdicción.

Si a ello le unimos el desaliento que genera esperar una legislatura tras otra el, tantas veces reclamado, Pacto por la Justicia,  es natural que se extienda la desconfianza en nuestra clase política y una sensación de agotamiento que cada vez con mayor intensidad se percibe entre nuestros compañeros y compañeras, sea cual sea la clase y categoría del órgano judicial en el que sirvan. La situación es ciertamente preocupante.

Pese a todo, confió en la fortaleza de nuestro compromiso con la sociedad a la que servimos, que es la verdadera razón por la que continuamos trabajando día a día, con el deseo de contribuir a conformar una sociedad mejor, más justa, más libre, más igualitaria. Verdaderamente, ese compromiso que renovamos cada mañana y la satisfacción que al final de la jornada genera la convicción de haber cumplido con nuestro deber, nos ayudan a continuar trabajando con ilusión, pero es urgente que pronto sean atendidas nuestras justas y legítimas reivindicaciones.

PREGUNTA: ¿Qué consideras imprescindible para mejorar la imagen de la independencia judicial en España?

Comenzaré por reafirmar la existencia de independencia judicial en España, garantizada suficientemente por nuestro estatuto profesional.

Curiosamente, en situaciones de grave crisis institucional, como ha venido ocurriendo recientemente, al aflorar numerosos casos de corrupción política, o como ahora ocurre con la crisis de Cataluña, se advierte más que nunca la necesidad de contar con un Poder Judicial fuerte, cuya imagen de independencia esté plenamente salvaguardada, pues esta nota resulta imprescindible para el eficaz ejercicio de su función en un Estado de Derecho.

Sin embargo, no en pocas ocasiones, aunque injustificadamente, la independencia judicial ha sido puesta en tela de juicio, la mayor parte de las veces por la politización del Consejo General del Poder Judicial, al que se ha pretendido identificar, ya sea interesadamente o por simple ignorancia, con el Poder Judicial, cuando es evidente que no coinciden en absoluto. Este es un peligroso ejercicio que entraña enormes riesgos para la pervivencia de propio Estado de Derecho. Cuando una sociedad pierde la confianza en la independencia de sus jueces, deja de creer en la justicia y el Estado de Derecho acaba por desvanecerse.

Por ello, nuestra asociación reivindica, como siempre ha hecho, la elección de los doce vocales de procedencia judicial por los propios jueces, ante la convicción de que su elección por los partidos políticos puesta en práctica en sucesivas ocasiones, a través del mero reparto de cuotas de representación, genera en el Consejo General del Poder Judicial una imagen de politización que afecta negativamente a la propia imagen de independencia del Poder Judicial. El sistema vigente, puesto en práctica bajo diversas modalidades, ha fracasado ya suficientes veces como para explorar otros.

Es verdad que la elección por los jueces de los vocales de procedencia judicial también entraña riesgos, como los derivados de una excesiva representación de algunas asociaciones judiciales sobre las restantes y los candidatos no asociados, pero ello podría corregirse fácilmente con un sistema electoral adecuado. Por lo demás, aun a costa de reconocer que el Consejo General del Poder Judicial es un órgano político, no estaría de más conferir mayor perspectiva profesional a su funcionamiento.

Sin duda, también ha contribuido a debilitar la imagen de independencia judicial, en ocasiones, el sistema de nombramientos de cargos judiciales de designación discrecional, siempre necesitado de mayor objetivación y sometimiento a los principios de mérito y capacidad.

De ahí la oportunidad tanto de la reforma del sistema de elección de los vocales de procedencia judicial, como de la objetivación del sistema de nombramientos discrecionales para mejorar la imagen de la independencia judicial en España.

Por último, la adecuada divulgación de información sobre el funcionamiento cotidiano de los Juzgados y Tribunales y un tratamiento más riguroso de la información sobre asuntos judiciales favorecería también el fortalecimiento de la imagen de independencia judicial, tarea en la que tiene especial responsabilidad el Consejo General del Poder Judicial, cuya primordial función es, precisamente, garantizar la independencia judicial.