Entrevista con el magistrado Francisco Marin
Foto: Francisco Marín Castán

Francisco Marín Castán, (Segovia, noviembre de 1952).

Se casó con Isabela en agosto de 1978, de modo que les falta poco para su 40º aniversario. En su familia siempre se habló de derecho, y todo parece indicar que se seguirá hablando: un tío bisabuelo fue presidente del Tribunal Supremo; su padre, magistrado y catedrático de Derecho Civil; su hija y su yerno son magistrados; su hijo, abogado especialista en propiedad intelectual e industrial, aunque hace unos años prefirió dedicarse a la fotografía; una hermana, profesora de filosofía del derecho; la otra, profesora de relaciones internacionales; y su hermano, fiscal jefe de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo

Ingresó en la carrera judicial en 1977 como número uno de su promoción. Su primer destino fue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de La Roda (Albacete) entre enero de 1978 y febrero de 1980. Concursó al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de San Roque (Cádiz), donde permaneció entre febrero de 1980 y octubre de 1981. En ese año, ascendió a la categoría de Magistrado y ocupó plaza en el Juzgado de Instrucción nº 3 de San Sebastián, entre noviembre de 1981 y marzo de 1982. En abril de 1982 concursó a la Audiencia Provincial de Huelva, con competencias tanto en civil como en penal, donde permaneció hasta diciembre de 1991. En enero de 1992 concursó a la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 5ª (Penal) hasta abril del mismo año, donde pasó a desempeñar plaza en la Sección 21ª de la Audiencia Provincial de Madrid (Civil) hasta mayo de 1992. Entre mayo de 1992 y enero de 2000, formó parte del Gabinete Técnico de Información y Documentación del Tribunal Supremo. Desde allí fue promovido a la categoría de Magistrado del Tribunal Supremo para ocupar plaza en la Sala Primera en enero de 2000. El 31 de enero de 2014, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial le designó por amplia mayoría como nuevo presidente de la Sala Civil del Tribunal Supremo, en sustitución de D. Juan Antonio Xiol Ríos, que había sido nombrado magistrado del Tribunal Constitucional.

Académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación desde 2008, es autor de varios libros –como “Resoluciones recurribles y no recurribles en la casación civil’ o ‘Sociedades anónimas y de responsabilidad limitada”- y ha participado en las obras colectivas “Comentarios del Código Civil” y “Código Civil con jurisprudencia, concordancias y referencias legales”. Es director y coautor de un “Prontuario de Derecho Civil para abogados”, orientado a la preparación de las pruebas de acceso a la abogacía, y director de unos “Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil” en tres volúmenes.

También ha participado como ponente en distintos cursos, seminarios y conferencias y fue durante nueve años profesor de Derecho Procesal y de Derecho Civil en el centro asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Huelva.

Fue prácticamente cofundador de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria de la que fue portavoz durante los años 1988 y 1989.

Francisco Marín, Paco, para los amigos, sigue siendo un miembro muy activo de nuestra Asociación. Asiste a todas las Asambleas anuales, donde, a menudo, toma la palabra para participar en el debate asociativo y actúa como ponente en algunas de ellas. Es fácil verle en las reuniones de la Territorial de Madrid y en cuantos actos asociativos públicos se celebran. Cuenta con un gran prestigio profesional de persona cultivada y con profundos conocimientos del Derecho, y es considerado por todos un magnífico ponente, por la claridad, cercanía y facilidad con la que transmite conocimientos de forma amena. Es un miembro muy querido por los asociados de Francisco de Vitoria por su carácter amable y cercano.

Es aficionado a la fotografía, la música (clásica, con Bach a la cabeza, blues y rock), la pesca, sobre todo en ríos de montaña y desde hace muchos años en la modalidad de “captura y suelta”, y a la lectura (historia, novela, ensayo y literatura aeronáutica y naval, no necesariamente por este orden). Sabe que no podrá llegar a leer todo lo que ya tiene en casa, pero aun así sigue comprando libros. Y desde que tenía seis años sufre con su Atlético de Madrid, que le compensa de vez en cuando con éxitos inenarrables.

PREGUNTA:   Paco, ¿qué os llevó a ti a tus compañeros a fundar la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria?

En realidad yo no fui fundador en sentido estricto. Me encontraba destinado en Huelva cuando se publicó la noticia de que un grupo de jueces, la mayoría de la Plaza de Castilla (“los jueces del considerando”) había decidido formar la asociación, llamé inmediatamente a Carlos Granados, por entonces en un Juzgado de Instrucción de Madrid y con el que yo había hecho las prácticas en Chiclana en 1977, me explicó las razones por las que se constituía la nueva asociación y quiénes eran los compañeros que la fundaban y no dudé ni un momento en darme de alta como asociado.

PREGUNTA: ¿Cómo definirías la AJFV?

Ante todo, como una asociación que se niega a ir de la mano de ningún partido político, que en muchas ocasiones ha pagado un alto precio por ello, sobre todo en forma de nula representación en el CGPJ o representación no proporcionada a su número de asociados, en la que no se discrimina a nadie por razón de su ideología, en la que se decide por mayoría de votos de todos los asociados, sin “teledirección” por intermediarios, y en la que se puede expresar libremente cualquier idea sin temor a marginación ni censuras oficialistas.

PREGUNTA: ¿Crees que existe el “espíritu vitorino”? ¿En qué consiste?

Existe, y tiene mucho que ver con el sentimiento interno de independencia y la toma de decisiones en asamblea. A veces se da la impresión de una cierta anarquía, pero es la contrapartida de algo tan valioso como que todos puedan participar y de que no haya “santones”.

PREGUNTA: ¿Qué recuerdas de tu etapa en el Comité Nacional?

Intentaré resumirlo al máximo. Ante todo la responsabilidad, porque no llegaba a entender que yo fuera portavoz cuando en ese comité había compañeros de la talla de Carlos Granados, Fernando de Mateo, Pablo Cachón, Vicente Ortega, Modesto de Bustos o Nicolás Díaz Méndez. Después, los viajes desde Huelva a Madrid para las reuniones del comité, generalmente en un expreso nocturno (faltaban algunos años para el AVE), que rememoré cuando años más tarde Antonio Muñoz Molina, en “Ardor Guerrero”, describió una madrugada en la estación de Espeluy. Luego, la intensidad de las reuniones de las tres asociaciones entonces existentes con el Ministerio y el Consejo, a lo largo de más de un año, hasta conseguir la mejora retributiva más importante de la historia en la carrera judicial, para la que fueron decisivos Antonio Hernández Gil, presidente del Consejo, y Enrique Múgica, ministro de Justicia, un hecho del que fui testigo directo y que debe ser justamente reconocido. Y siempre, la cordialidad y el entusiasmo con el que trabajábamos, lo que aprendí de todos mis compañeros del comité, los buenos ratos que nos deparaba Modesto con su empeño de administrar férreamente en su condición de tesorero los muy escasos fondos de la asociación para sacarles el máximo provecho y, en fin, la satisfacción de pasar en un periodo de dos años de unos 50 asociados a unos 200, con secciones territoriales muy potentes en Cataluña y Canarias.

PREGUNTA: ¿Cómo ves el asociacionismo judicial en España?

La frecuente presentación de propuestas conjuntas es un fenómeno positivo, porque hay muchos problemas comunes para los que la unidad aporta una fuerza que de otro modo no se tendría. No obstante, conviene estar atento para que nadie en particular logre, de hecho, imponer sistemáticamente sus planteamientos con unos objetivos poco definidos.

PREGUNTA: ¿Cómo ves AJFV en la actualidad?

La veo llena de gente joven, pujante y combativa, con amor por su profesión y necesitada de apoyo moral, de compartir sus problemas para hallar y exigir soluciones que hagan más llevadera una tarea diaria de por sí muy difícil.

PREGUNTA: La complejidad de la vida pública y la globalización han traído consigo una mayor litigiosidad y nuevas materias sobre las que resolver en los juzgados, ¿En qué ha cambiado el trabajo de un juez desde que empezaste a la actualidad?

En los últimos años, a raíz de la crisis, nuestro trabajo, sobre todo en la jurisdicción civil, ha cambiado por completo a causa de la avalancha de asuntos relacionados con los consumidores y los bancos. Para resolverlos no basta con el Código Civil o el de Comercio, sino que hay que estudiar en profundidad y aplicar la normativa bancaria, la del mercado de valores y, por supuesto, el Derecho de la Unión y la jurisprudencia del TJUE. Si un juez que quiera hacer bien su trabajo nunca puede dejar de estudiar, en los últimos años hay que estudiar tanto y tan deprisa que a veces parece algo superior a nuestras fuerzas, aunque al final el trabajo intelectual te mantiene con la mente ágil y despierta, te proporciona satisfacciones que ningún otro trabajo te puede dar y, por qué no decirlo, llega a ser apasionante por la necesidad de encontrar respuestas a las nuevas realidades. En mi opinión, y perdona por centrarme en la jurisdicción civil pero es la que mejor conozco, será difícil que la sociedad llegue a reconocer en toda su dimensión el esfuerzo titánico que se ha hecho y se sigue haciendo, sobre todo en la primera instancia, “en la trinchera”, ante demandas y contestaciones de extensión desmesurada y fundamentos difusos, por devolver a la gente lo que nunca se debió permitir que le quitaran. Me da un poco de apuro ponerme solemne, pero como soy aficionado a la historia de la aviación militar, bien podría recordarse la frase de Churchill sobre los pilotos de la RAF en la batalla de Inglaterra: “Nunca tantos debieron tanto a tan pocos”.

PREGUNTA: Fuiste durante muchos años Magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, ¿tienen los Magistrados del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia tanto apoyo técnico como debieran?

No. Además, el apoyo técnico debería extenderse también a las Audiencias Provinciales, o al menos a las de mayor carga de trabajo. No es lógico que a partir de los 60 años se afronten continuadamente cinco o seis ponencias semanales sin ningún tipo de apoyo. En todos los trabajos al servicio de un poder del Estado se pueden ir delegando funciones en personas muy cualificadas a medida que se cumplen años y se asciende; en el nuestro, sin embargo, el momento de la verdad, el de la redacción de la sentencia, sigue presidido por la soledad y la angustia ante el folio (o la pantalla) en blanco.

PREGUNTA: Como Presidente de la Sala Primera, ¿Es difícil consensuar el parecer de los compañeros cuando es necesario dictar una Sentencia de Pleno que siente Jurisprudencia? ¿Cómo son las deliberaciones?

La actual composición de la sala, con magistrados (y desde hace poco una magistrada) de calidad humana y profesional verdaderamente excepcional, facilita mucho las cosas. Las relaciones personales son muy buenas, las deliberaciones pueden llegar a ser intensas y agotadoras, pero la cordialidad y el sentido del humor atajan cualquier mínimo brote de tensión, y puedo decirte con toda sinceridad que deliberar con mis compañeros es una continua fuente de aprendizaje. En suma, que presidir esta sala es todo un lujo porque tiene mucho que ver con la gestión de talentos. Además, cualquiera que siga con atención la jurisprudencia de la sala podrá advertir en seguida un dato para mí esencial: no hay alineaciones ideológicas que transmitan una sensación de falta de independencia personal por prejuicios políticos.

PREGUNTA: Como reconocido civilista, ¿Qué reformas legislativas consideras imprescindibles acometer en materia de consumidores y usuarios?

Creo mucho más en una correcta interpretación y aplicación de las leyes ya existentes, en hacer que se cumplan, que en reformas mediante leyes plagadas de grandes y bonitas declaraciones, a veces puramente simbólicas, pero ineficaces en la práctica. Es más, el exceso de normas y reformas legislativas genera confusión y dificulta sobremanera la labor de los jueces y la propia defensa de los consumidores. Lo más importante es que funcione debidamente la prevención para que no seamos los jueces quienes tengamos que hacer todo el trabajo, porque nuestra tarea es resolver conflictos entre partes, no solucionar problemas masivos que además afectan a la economía nacional.  En realidad, la situación que actualmente padece la jurisdicción civil se debe en altísima medida a que el mercado se inundó de productos financieros tóxicos, y esto nunca se tenía que haber permitido.

PREGUNTA: ¿Consideras adecuada la Planta Judicial actual? ¿Qué opinas de que la mayoría de los juzgados de Primera Instancia de España se encuentren por encima del 150% del módulo de referencia del CGPJ?

Creo que la planta judicial es claramente insuficiente, pero también que las cargas de trabajo están muy desigualmente repartidas. Habría que pensar otra vez en los Tribunales de Instancia, recabando las opiniones y valorando la experiencia de aquellos compañeros que, como los jueces de lo mercantil de Barcelona, han puesto la idea en práctica con resultados creo francamente interesantes. En cuanto al dato del 150%,  es algo que habla por sí solo al revelar la gravedad del problema en su dimensión global.

PREGUNTA: ¿Qué reformas en Justicia es imprescindible acometer para que el servicio prestado a los ciudadanos sea el adecuado en un país como el nuestro?

Si quiero ser breve, las necesarias para que todo asunto reciba la atención que merece y se resuelva en un tiempo razonable. A partir de ahí, será necesario definir bien las cargas de trabajo, crear las plazas necesarias para lograr una debida proporción de jueces por número de habitantes y volumen de litigios, buscar fórmulas que permitan establecer límites razonables a la extensión de los escritos y la duración de las actuaciones orales, y también, por qué no, ser críticos con nosotros mismos y hacer un esfuerzo por dictar sentencias cada vez más claras y precisas, desterrando la retórica, y en las que no se abuse del “copia y pega”. Como decía Ortega, o se hace literatura, o se hace precisión o se calla uno.

PREGUNTA: ¿Cuál es tu percepción de la situación actual de la Carrera Judicial en España?

Me parece que el problema principal es la falta de estímulos profesionales, de perspectivas de futuro. No es normal que haya que permanecer años y años, tal vez hasta la jubilación, en un órgano unipersonal, y me parece muy preocupante el alto número de jubilaciones anticipadas que, a poco que se profundice en las causas, se deben en realidad a una carga de trabajo excesiva que en un momento dado llega a convertirse en insoportable. Conozco bastantes casos de compañeros que podrían seguir aportando mucho a la sociedad pero que han optado por jubilarse al temer seriamente por su salud.

PREGUNTA: ¿Qué consideras imprescindible para mejorar la imagen de la independencia judicial en España?

Me parece necesario puntualizar previamente que la imagen no es tan mala como a veces quieren hacernos creer y nosotros mismos contribuimos a que se difunda. Por ejemplo, el 5 de marzo de este año “El País” publicó un reportaje, que ha pasado un tanto desapercibido, en el que la justicia aparecía como la institución mejor valorada por los jóvenes españoles, los llamados “millenials”. Por otra parte, es una evidencia que la jurisdicción civil está remediando en general las injustas ilegalidades sufridas por los ciudadanos que solo aspiraban a mantener sus ahorros de toda una vida en su banco de siempre o que se los entregaron a un promotor inmobiliario para comprar una casa aún no construida y de repente se encontraron sin dinero, sin casa y relegados al último lugar en el concurso del promotor. De esto podemos enorgullecernos, porque demuestra que la independencia de los jueces es un hecho y que solo hay en España un juez no independiente: el que no quiere serlo.

Pero dicho esto, me parece imprescindible añadir que se necesita un consenso de los partidos políticos para que los nombramientos que dependen de ellos (vocales del CGPJ, magistrados del TC) no se hagan por cuotas sino por cualificación profesional. Es muy fácil nombrar a los mejores si verdaderamente quieres hacerlo y te informas adecuadamente, aunque para eso hay que asumir el riesgo de que la persona que propongas actúe según su propio criterio y no por una especie de mandato imperativo implícito, es decir, conforme a lo que el partido que la ha propuesto espera de ella. Como ocurre con la independencia, que los jueces tenemos que interiorizar, así también ocurre con la Constitución: hay que creérsela y actuar en consecuencia. Pero esto requiere una generosidad, una altura de miras, que parece reñida con el afán de la política por controlar todos los ámbitos de poder.